jueves, 13 de octubre de 2011

“Donde hay violencia que haya política”

Entrevista/ Profesor Andrés Antillano (1)/ Parte I


Por Indira Carpio Olivo y Ernesto J. Navarro (*)

**Suponer que los gobiernos son los únicos violadores o garantes de los DDHH es encubrir las relaciones de poder y los nuevos centros de poderes fácticos que no pasan por el Estado**
**La derecha venezolana -que es particularmente delirante- creía que las presiones en Ginebra llevarían a una condena unánime contra Venezuela y se declararía al país como un Estado PARIA/ Fueron neutralizados**
**La ONU se ha convertido en un mecanismo de extorsión que termina legitimando prácticas de aislamiento y de intromisión en la soberanía de los pueblos**
**El Dibise es una reedición de las prácticas históricas de “empoliciamiento” duro contra los sectores populares**
** El discurso represivo y punitivista del Estado contrasta con en el de un gobierno que plantea asumir los intereses de las clases populares y se convierte en un discurso peligroso, porque siempre ha sido enarbolado por la derecha**
**Si la violencia es resultado de antagonismos y negaciones, la respuesta a la violencia no debe ser la represión, no debe ser la negación de esa negación, sino la politización de esa negación**
**La violencia criminal es una respuesta injusta ante una situación injusta que profundiza y acentúa las injusticias contra los pobres**
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A propósito del Examen Periódico Universal -EPU- presentado por Venezuela ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas -ONU- opositores nacionales e internacionales aprovecharon la oportunidad para atacar los logros de la Revolución Bolivariana y visibilizar -incluso inventar- ante la opinión pública mundial las patas de las que cojea la mesa del Estado venezolano.


Exámenes realizados a los países desarrollados -que violan sistemáticamente los Derechos Humanos (DDHH) de sus ciudadanos y los derechos de los habitantes de otros países del orbe-, pasaron inadvertidos por las pantallas y las plumas afiladas de la artillería mediática, poniendo nuevamente al descubierto una mezcla que el profesor Andrés Antillano resume como “el delirio apátrida” de la derecha venezolana, que actúa como un simple tentáculo de los poderes mayores.
Como resultado de las recomendaciones hechas a Venezuela, las empresas de información resaltaron la supuesta persecución a los defensores de DDHH en el país y la violación por parte del Estado nacional de los derechos fundamentales como el de la vida -a través de la inseguridad- y el de expresión

-¿Es esto cierto?
-Lo primero que hay que hacer es desentrañar para develar cómo funciona el sistema multilateral y sus falencias son las dos categorías que están en crisis y que confluyen alrededor del EPU

-¿Cuáles son estas categorías?
Erosión de la Organización de Naciones Unidas y sistemas multilaterales
La primera tiene que ver con el sistema de la ONU y el sistema multilateral que nace a partir de las postrimerías de la segunda guerra mundial que pretende explicar una correlación de fuerzas entre dos bloques, el soviético y el de EEUU y su periferia europea y latinoamericana, que era un espacio de equilibrio y negociación en plena guerra fría.
Sin embargo hoy es cada más visible que estas instancias multilaterales son cada vez más una expresión burda de la hegemonía unipolar, del imperialismo y de algunas potencias periféricas europeas. En ese sentido, la ONU deja de ser un mecanismo de regulación y de equilibrios entre fuerzas, para convertirse en uno de extorsión de los hegemones del mundo.
Los signos más claros de la erosión de naciones unidas es la convalidación que hace este sistema a aventuras imperialistas como en los Balcanes, luego en África, en Afganistán, en Irak y recientemente en Libia.
La ONU se ha convertido más en una agencia imperial, que una instancia de negociación pacífica de conflictos. Estados Unidos -EEUU- convalida sus operaciones en ese foro internacional que le otorga una legitimidad democrática y multilateral que no tiene.
Este foro pretende aislar, demonizar y estigmatizar experiencias no alineadas, experiencias que se salen del control imperial. Particularmente sensibles son países como Venezuela, por la importancia que reviste la producción energética en estos momentos, pero no somos el único caso.
El modelo imperialista en el mundo globalizado neoliberal es una especie de trama que no tiene un centro político claro, son redes en las que coinciden gobiernos y grandes corporaciones económicas, cuyos roles están cada vez más diluidos.
Por ejemplo, Dick Cheney era vicepresidente del gobierno de Bush y al mismo tiempo jefe de una de las corporaciones militares más grandes del mundo.
Actualmente, empiezan a ser cada vez más imprecisos los límites. Ya no se puede decir que Washington sea el dueño del mundo. Se trata de una red que tiene a naciones unidas y a otros organismos multilaterales como sus centros de operaciones.
En cualquier caso, el sistema internacional se ha convertido en un mecanismo de extorsión que termina legitimando prácticas de aislamiento y de intromisión en la soberanía de los pueblos.
No es solo el caso de que Venezuela presente el EPU, sino que también le aplican otras formas de fiscalización y control, como en materia de drogas y otros asuntos que siempre han contado con mecanismo espurios, justamente porque son negociaciones entre distintas potencias que se ponen de acuerdo sobre qué permitir y qué no.
Cito otro caso, el sistema de fiscalización de DDHH no evalúa ni condena nunca al gobierno de Israel, ni lo hizo con la dictadura de Augusto Pinochet.

-¿Cuál es la otra falla que confluye en los sistemas multilaterales?
-Como segunda categoría está el concepto de DDHH. Este concepto nace como resultado de la crisis del modelo absolutista que tenía que ver con un conjunto de contraprestaciones y prebendas relacionadas con la ubicación estamental en la sociedad. Esto era propio del mundo feudal.
Cuando entra en crisis el sistema feudal absolutista, la burguesía levanta la noción de derecho, derechos fundamentales, de DDHH, como una forma de limitar el poder del Estado.
Desde entonces, ha sido un concepto esencial en la construcción del orden político moderno que a fin de cuentas es el orden político burgués, porque se entiende la creación del orden político como una construcción jurídica que fundamentalmente se dirija a restringir los poderes del Estado y proteger la autonomía del individuo frente a este.
La noción de los DDHH es gemela de otras nociones modernas como la idea liberal de la economía y la noción de la democracia representativa. En este marco, los DDHH han privilegiado los derechos individuales, lo que llaman de primera generación, los políticos y civiles, que resumen los derechos del individuo frente al Estado, porque se considera que el único violador de los DDHH es el Estado.
Eso habla de su fuerte impronta liberal y es comprensible en el contexto en el que emergieron, porque las clases media y alta veían los derechos como privilegios.

-¿Quiénes son los otros poderes que violan los DDHH?
-En un mundo como el nuestro, en el que los Estados nacionales tienden a desdibujarse, quizás no se pueda hablar del imperialismo del que hablaba Lenin en 1917, porque ya no se trata de un solo centro imperial con fronteras nítidas; se trata de tramas, redes, retículas que articulan poderes imperiales con poderes económicos y corporativos, incluso es mucho más claro cuando se mezclan los poderes fácticos vinculados con poderes económicos, militares, sociales, comunicacionales, que de algún modo son los que terminan gobernando al mundo con mucho más eco e incidencia que los propios gobiernos.
Suponer que los gobiernos son los únicos violadores o garantes de los DDHH es encubrir las relaciones de poder y los nuevos centros de poderes fácticos que no pasan por el Estado y esto se acentúa justamente en las últimas décadas donde los procesos neoliberales terminan desbaratando al Estado como comando de la sociedad, como comando de la política y aparecen otros actores mucho más claros que siempre han existido, que se hacían del Estado para gobernar pero que ahora no necesitan la mediación del Estado. Hablo de las grandes corporaciones, los poderes económicos, mediáticos, militares, entre otros.
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Entonces estos mecanismos de fiscalización, de monitoreo de DDHH en manos de las multilaterales adolecen de estas dos categorías como grandes limitaciones. Primero, este sistema -lejos de defender la voluntad colectiva de todas las naciones del mundo- se ha convertido en un espacio donde los poderosos actúan en contra de aquellos que no obedecen a sus razones; y segundo, la concepción de los organismo de DDHH no se corresponde con los conflictos y los problemas actuales en esta materia, porque responden a una realidad social e histórica diferente.

-¿Es por ello que usan el EPU como campaña en contra el Gobierno de Venezuela?
-En el caso nuestro, la derecha venezolana -que es particularmente delirante- creía que las presiones en Ginebra llevarían a una condena unánime contra Venezuela y se declararía al país como un Estado PARIA. Esas ideas mezclan el delirio con sentimientos apátridas, como si alguien pudiera aislar al país del resto del mundo y alegrarse por ello. Pero más allá de eso, si creo que se hicieron intentos, no solamente con Venezuela, sino con otras naciones del mundo de utilizar el EPU para estigmatizarlos y criminalizarlos. En nuestro caso a la revolución y los avances sustantivos que se han realizado.
Creo que esos intentos fueron finalmente neutralizados, porque no se puede tapar al sol con un dedo, no se pueden desconocer un conjunto de avances. Incluso, Venezuela capitanea unos indicadores importantes en materia de derechos sociales, culturales y económicos; sin embargo, se utilizó el foro para intentar atacar a la Revolución Bolivariana.
A pesar de ello hubo importantes reconocimientos de los avances en materia de derechos sociales, culturales y económicos que normalmente son vistos con cierta desidia y de manera muy relegada por las organizaciones mundiales de DDHH, para las cuales los problemas son los derechos individuales (de carácter liberal: los derechos civiles y políticos); los económicos, sociales y culturales los reservan a un segundo plano.

-¿Por qué ocurre esto?
-Los derechos civiles y políticos expresan intereses burgueses. Por ejemplo el derecho a la libre prensa, el derecho a la comunicación es entendido como el derecho que tienen las empresas privadas de comunicación y no como un derecho de todos los ciudadanos a la comunicación. Los contenidos pasan a reproducir valores de las elites que son las que finalmente operan a través de esos foros.
Venezuela ha avanzado mucho en los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con la inclusión de las grandes mayorías, la igualación de las condiciones de vida y el reconocimiento de la diversidad cultural, pero se señala fundamentalmente su déficit en derechos civiles y políticos.
Esto coincide con una campaña realizada en foros similares a estos (también muy cuestionados), como ocurre en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la inhabilitación de Leopoldo López que mantienen una misma línea: un intento de ingerencia en asuntos internos, de jugar al aislamiento de Venezuela, de jugar con los sectores confrontados en el país bajo el manto prestigioso, no cuestionado “profundamente legítimo” de los DDHH, que no son más que la ideología burguesa convertida en interés.

-El caso de la jueza María Afiuni presentado durante el EPU a Venezuela va de lo particular a lo general, condenando al país como violador de los DDHH
-Esa es una evaluación arbitraria que muestra sus falencias y trata de inventar expedientes contra el país, a través de un caso que universaliza afirmaciones que no son pertinentes. Esta jueza está procesada por un delito de corrupción, que en términos de DDHH es un delito gravísimo, porque los delitos que tienen que ver con la aplicación de la justicia no tienen una víctima individual, sino que hacen víctimas a toda la sociedad.
En efecto, si la justicia es una justicia de clases que favorece a un banquero (a Eligio Cedeño) como en el caso de la jueza Afiuni, entonces no hay justicia para los pobres. Por lo tanto, un elemento fundamental para la construcción de la democracia y de los DDHH es el derecho a la justicia y este caso la convierte en una fórmula hueca, en una política vacía.
Además, el caso de esta jueza está ajustado al debido proceso y está siendo juzgada con todos los derechos y garantías que le proporciona el sistema judicial venezolano. Incluso cuenta con muchas más garantías que la gran mayoría de los presos, generalmente pobres, no tienen. Porque esa es la otra cara de la moneda, es lamentable. Además, ella está siendo juzgada por un caso que SI supone una grave violación a los DDHH.
Por otra parte, tenemos casos que son realmente preocupantes como los sicariatos que muestran la debilidad del Estado, pero bajo la concepción de que éste es el único violador de los DDHH, en muchos casos estos sicarios son paramilitares contratados por empresarios para matar a campesinos e indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra.
Según la concepción de que el Estado es el único violador de los DDHH, el mismo sería responsable de la situación, por no ser capaz de proteger a los campesinos. Pero no hay que olvidar que quien viola los DDHH de los campesinos asesinados o intimidados son algunos ganaderos que utilizan grupos armados para ese propósito.
Ese discurso liberal de los DDHH encubre a todos estos sujetos que vulneran los derechos colectivos e individuales.

-Un tema recurrente durante la presentación del EPU a Venezuela fue el tema de la seguridad ¿Cómo evalúa usted el tema en Venezuela?
-El llamado derecho a la inseguridad es una fórmula muy antigua, porque qué quiere decir el derecho a la seguridad. Yo mismo tengo muchas dudas al hablar de la seguridad, porque es casi cualquier cosa. Seguridad puede tener que ver con los miles de pobres asesinados o puede tener que ver con las preocupaciones de la clase media porque vea a una persona mal vestida cerca de su casa y eso le inquieta, o porque estén construyendo viviendas para damnificados en un sector de clase alta y eso disminuye el precio del mercado inmobiliario.
Es decir la seguridad es una categoría completamente laxa que aparece relativamente hace poco en la misma medida en que disminuye la seguridad social y desaparece el estado de bienestar en la década de los 80, cuando se desmantelan las dinámicas de inclusión social -profundamente jerárquicas e injustas- pero que por lo menos garantizaban que las grandes mayorías tuvieran lo mínimo necesario.
Entonces, el problema ya no es la distribución de bienes colectivos sino el MIEDO como forma de consenso. Ya no se trata como todos tenemos igualdad de condiciones, sino como todos nos empezamos a temer los unos a los otros.

-¿La inseguridad es una realidad o una percepción inducida por los medios?
-La inseguridad es un término que se le ha dado desde las políticas públicas, desde la academia y desde las Organizaciones No Gubernamentales -ONG- a un conjunto de fenómenos a un conjunto de fenómenos que son profundamente heterogéneos, que hablan más bien no de una realidad, sino de una forma de gestión de los conflictos.
La inseguridad tiene que ver con miedo, pero no es solamente miedo, la inseguridad es un saco donde se mete desde la violencia real, los delitos reales. No es igual que me roben el celular a un delito violento y eso no nos permite medir la inseguridad.
Eso por un lado, pero también está la inseguridad en la que me da miedo si se me acerca un indigente para pedirme dinero, porque tengo miedo al otro. Entonces el miedo me genera eso que ahora llaman ahora inseguridad subjetiva, que es esencialmente un debilitamiento, un déficit de las relaciones democráticas donde se nota la intolerancia frente al otro: el pobre, el distinto, el de tez oscura, el muchacho, el estereotipo.
La inseguridad en el fondo encubre y despolitiza las contradicciones de clase, por eso esta categoría ha sido usada en discursos muy útil y rentables para los programas reaccionarios de algunos gobiernos.
Por ejemplo, en la primera elección de Richard Nixón frente al discurso de los (social) demócratas que planteaba la guerra contra la pobreza, Nixón decía que había que hacer la guerra contra el delito, sustituyendo las políticas de inclusión y seguridad socialdemócratas por políticas que se dirigen a explotan como palanca de gobierno el MIEDO.
La seguridad como concepto y categoría termina siendo muy útil para los gobiernos de derecha. No es que los delitos violentos no existan, pero al contrario la noción de seguridad los encubre.

-Entonces ¿Cuál es el problema en Venezuela?
-Los delitos y los delitos violentos. Se trata de cómo disminuir la violencia, entendida como aquella que sucede en los sectores más pobres, lo más excluidos y lo que produce mayor exclusión. De nada sirve que haya un Barrio Adentro en el sector, si cuando el joven sale de ser atendido en el módulo, lo matan.
El problema en Venezuela es la violencia como consecuencia de la exclusión social, afecta esencialmente a los excluidos y acentúa la misma exclusión, porque entonces mueren los muchachos que pueden tener capacidad de producción para su familia, para el país y así las familias deben huir y gastar muchísimo como resultado de la violencia, por el desplazamiento.
Entonces una tarea en la construcción de una sociedad más justa es disminuir la violencia que no tiene que ver con el problema de la “seguridad” en abstracto, incluso tiene que ver con garantizar la protección de los sectores más desvalidos, más desprotegidos porque la mayor parte de los episodios violentos ocurren contra los pobres.

-Y entre los mismos pobres...
-Si, porque yo creo que los pobres son tres veces víctimas de la violencia. Son víctimas de la exclusión, de la propia violencia y de las malas políticas para atacarla, es decir, en ocasiones víctima de las balas de las policías, de los operativos indiscriminados que todavía se siguen haciendo.

-¿A cuáles operativos actuales se refiere?
-Al Dispositivo Bicentenario de Seguridad -Dibise- que es una reedición de las prácticas históricas de “empoliciamiento” duro contra los sectores populares que lo que hace es enviar constantemente a los pobres a las cárceles, en que no tiene ningún efecto en la disminución del delito.
El Dibise no se distingue en nada de programas como el Plan Unión aplicado hace ya más de 30 años que puso en práctica la idea de los planes y los operativos ideológicamente muy perversos, es la extrapolación de prácticas militares en situaciones de paz, que tiene a los pobres como enemigos y la policía actúa como un ejército de ocupación que los controla, los domestica y los doblega.

-Entonces ¿Qué debe hacer el Estado?
-Lo que es esencial es dirigirse a disminuir la violencia y a construir espacios de convivencia. Porque la noción del derecho a la seguridad en ese sentido es muy original porque aparece en la constitución y es una de las pocas constituciones del mundo donde ese derecho está reseñado y es una de las razones por las cuales señalan a Venezuela, pero ese es un concepto dudoso, como muchas otras categorías propias que los DDHH encubren.
Más bien habría que plantearse cuál es el derecho, si el derecho a la seguridad o la seguridad del derecho. Es decir, en la misma medida que las grandes mayorías tengan sus derechos garantizados, en esa misma medida habrá seguridad, pero seguridad de los derechos y supondrá también la disminución de la violencia y los delitos.
Creo que la gente debe tener derecho a la justicia, por ejemplo si es víctima de un delito que el hecho no quede impune. Creo que la gente debe tener derecho a la protección del Estado, al debido proceso.
Sin duda que tenemos un problema de violencia y creo que eso no es posible esconderlo más allá de los intentos de manipulación planteados por algunos países de naciones unidas para condenar a Venezuela.
Creo que desde el Gobierno Revolucionario no hemos sabido plantear el tema con claridad y entender el tema de la violencia. Porque la violencia siempre aparece donde hay contradicciones graves.

-Y además de esto se aprovechan las clases elites de la sociedad
-Lo que creo es que la violencia se convierte en una violencia de clase contra la misma clase, intraclase y la clase dominante lo promueve haciendo gestión de la violencia intraclase, porque despolitiza, desorganiza y les permite legitimar la ampliación de aparatos policiales y de mecanismos penitenciarios, criminalizando los sectores populares.
Por eso el discurso represivo y punitivista del Estado contrasta con en el de un gobierno que plantea asumir los intereses de las clases populares y se convierte en un discurso peligroso, porque siempre ha sido enarbolado por la derecha.
No quiere decir que el gobierno deba ser indulgente con la violencia, por el contrario debe convertirlo en un elemento fundamental de su agenda pública, en uno de los principales porque los que se mueren son pobres. Pero pretender que esto se resuelve principalmente con policías o metiendo más gente en las cárceles es además desconocer lo que la evidencia histórica demuestra.
La violencia nace de determinados antagonismos, de determinadas contradicciones, de determinadas negaciones, pero como no es una violencia entre clases se convierte en una violencia que perpetúa esas condiciones.
La violencia criminal es una respuesta injusta ante una situación injusta que profundiza y acentúa las injusticias contra los pobres.

-¿Qué debemos hacer?
-Debemos politizar estas contradicciones que la violencia despolitiza y encubre.
Por ejemplo, quiénes son los actores de la violencia, son los pobres, jóvenes de los sectores populares urbanos, con problemas de acceso al empleo, no reconocidos, no incluidos ni simbólica, ni materialmente, que encuentran en la violencia una forma de reconocimiento, porque todos los discursos de estos muchachos tienen que ver con ser alguien, tener cartel, firmar de no se qué, en resumen: ser merecedores de respeto y a la vez una forma de inclusión material porque la violencia también es una medio para acceder a bienes que les son negados.

-La industria cultural exacerba la creación de estereotipos. Por ejemplo, en las novelas los personajes hacen cualquier cosa para ascender socialmente, obtener dinero y ser “alguien”...
-No se si eso es una causa o la utilización de esas condiciones terminen siendo un mercado cultural importante. Yo creo que uno se pudiera plantear sustituir la violencia por formas transgresoras no violentas, que constituyen la transgresión cultural o movilizaciones populares o la protesta como respuesta a la violencia.
Si la violencia es resultado de antagonismos y negaciones, la respuesta a la violencia no debe ser la represión, no debe ser la negación de esa negación, sino la politización de esa negación. Se trata de politizar: donde hay violencia que haya política.
Creo que el presidente Chávez ha hablado de esto con mucho acierto cuando plantea convertir a los malandros en meandros (2) es decir politizar a los muchachos en el barrio.
Porque hay una cosa muy curiosa en el proceso revolucionario que no ha sido capaz de interpelar, conmover, convocar a los jóvenes, a los sectores populares y urbanos. Una revolución es biológicamente un asunto de jóvenes y eso tiene que ver con que la industria cultural ha hecho una gestión muy eficaz de la conflictividad juvenil.
Si estás bravo, molesto con el sistema con el orden establecido es suficiente que te coloques un piercing, que empieces a cantar de cierta forma o a vestirte de cierta manera y que por cierto “hay una tienda que lo vende” y por cierto a unos precios muy elevados.
Frente a la banalización que propone la industria cultural o la negación que supone la violencia criminal o la violencia del Estado hay que politizar el conflicto de los jóvenes.

Nota de los autores: Estamos convencidos de que la crítica y la autocrítica son necesarias para el avance de la revolución. Con ese espíritu está hecho este trabajo periodístico. NO AUTORIZAMOS A NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN BURGUÉS, CAPITALISTA, DE DERECHA, A REPRODUCIR ESTA INFORMACIÓN, NI TOTAL NI PARCIALMENTE.

(*) Periodistas
indiracarpio@gmail.com / @icarpio/ navarroernestoj@gmail.com / @ernestojnavarro
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Para ampliar informaciones:
(1) Andrés Antillano es profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), licenciado en psicología y especialista en criminología.
(2) Meandro, según el diccionario de la Real Academia española: 1. m. Cada una de las curvas que describe el curso de un río.

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