sábado, 19 de mayo de 2012

Crónicas de la corrupción de la IV República IV

Caso Turpial

Silenciado el canto del Turpial




por: Ernesto J. Navarro

Las Fuerzas Armadas y una empresa firman un millonario contrato para instalar equipos en barcos militares. Unas 10 irregularidades rodearon las negociaciones. José Vicente Rangel fue uno de los que levantó su voz de protesta. Se buscan culpables.

Durante los últimos 30 años, muchos han sido los casos de adquisición de equipos deficientes o en mal estado, que han envuelto en un manto de cuestionamientos y escándalos a las Fuerzas Armadas Nacionales, debido a sus vinculaciones con los partidos políticos tradicionales.

Entre ellos destacamos uno, relacionado con la repotenciación y modernización de los sistemas de comunicaciones integrales navales del Comando General de la Armada que, en la década de los noventa, trascendió a la opinión pública venezolana como el denominado Caso Turpial, que surgió a la palestra los mismos días en que lo hizo la estafa del Banco de los Trabajadores de Venezuela.

Hablamos de una época convulsa para Venezuela donde los casos: Recadi, Jeep, Turpial, BTV, se mezclan y entrelazan con Lusinchi, Herrera Campíns, Carlos Andrés Pérez, Blanca Ibáñez, Cecilia Matos y otros que aparecerán repetidos e imbatiblemente impunes a los largo de una cantidad faraónica de folios judiciales.

Cómo en los casos que hemos revisado en esta serie, todos ocurren en la década de los ochenta al amparo de las complicidades partidistas, reviven en los noventa en medio de la debacle del modelo neoliberal y mueren vertiginosamente en manos de las tribus judiciales, prescribiendo causas e ilusiones populares.

EL PRINCIPIO
El 29 de septiembre de 1988, se celebra la firma de un contrato entre Fuerzas Armadas y la empresa IECA, para la instalación de un sistema de telecomunicaciones para la Armada venezolana. El monto acordado en la negociación fue de 11.669.156 dólares norteamericanos con el cual debían instalarse 28 estaciones fijas de trasmisión barco a barco y barco-avión.

Los primeros nombres que se conocen en esta caso fueron los de Edmundo Jesús González Bogarín y Pedro Rafael Lovera D’Armas quienes se desempeñaban como encargado de la Dirección de Contratos de la Dirección General del Ministerio de la Defensa y representante de la empresa IECA, respectivamente.

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS
La prensa nacional (Últimas Noticias 2/09/92) recogió, para enumerar las “irregularidades” relacionadas con el caso Turpial, las observaciones que la Contraloría General de las FAN, las denuncias de José Vicente Rangel y Ricardo Vera Delgado, enumeramos:
  1. Contratos sin licitación
  2. Incumplimiento del control perceptivo
  3. Aplicación unilateral por la empresa de empaquete
  4. No contempla sanciones en los casos del pago por adelantado de los pagarés
  5. Desconocimiento de las recomendaciones de la contraloría
  6. Violación de las normas que obligan a informar a la contraloría de las FAN
  7. Aplazamiento del contrato
  8. La falta de una cláusula que obligue a la empresa a instalación de los equipos.
  9. Sospecha de sobreprecio en los equipos
  10. Negativa de la Armada a aceptar una comisión de arbitraje, porque no hay razones para hacer concesiones al contratista.
De estas acusaciones surgieron autos de detención contra el Vicealmirante Iván Carratú y el Capitán de Navío Edgar José Duven, además de el coronel ejercito José Rafael Aponte, el contralor general de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Vicealmirante Germán Rodríguez Cítaro, entre otros, quienes se pusieron a derecho el 8 de septiembre de 1992.

LAS CONDENAS
En cuanto a la modernización de los sistemas integrales de comunicaciones navales de la Armada, caso Turpial, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Jorge Rossel, dictaminó el 15 de julio de 1999 los siguientes aspectos:

Se ratifican las penas de prisión de 7 meses y 15 días por pago fraudulento en el caso a Edmundo González Bogarín, y de la mitad de la pena anterior por aprovechamiento de dinero proveniente de pago fraudulento contra Pedro Lovera (quien fue denunciado de formar parte del entorno de Cecilia Matos), estipuladas en la Ley de Salvaguarda.

La empresa IECA fue condenada a pagar 11 millones 90 mil 30 dólares para resarcir daños demandados por el Ministerio Público, más las costas e intereses causados que incluye indexación y corrección monetaria a determinar en una experticia contable.
Se inhabilita políticamente y para ejercer cargos públicos durante la duración de la pena a los imputados.

FINAL QUE YA SE SABÍA
Cómo siempre ocurre, el silencio político y mediático envolvió la jaula de los turpiales, así como sus relaciones militares, partidistas e internacionales durante los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez.

La única pista, como las migajas de pan de Hanzel y Grethel, fue una nota de prensa publicada por el Universal el 18 de abril de 1997, cuyo titular dice: “Sólo dos autos de detención siguen vigentes en caso Turpial”, los cuáles tienen como destinatarios a Edmundo González Bogarín y Pedro Lovera. El Tribunal Superior de Salvaguarda, revocó el resto de los autos de detención...


Fuentes:
- El Universal: 18 / 04 / 97
- Diccionario de la Corrupción
- http://es.geocites.com/malversacion/cap08_08.htm
- Cianuro en Gotas 24 / 01 / 03
- Últimas Noticias
- El Nacional


Documentos adjuntos



[1] El Nacional
[2] Efemérides venezolanas.com
[3] Diccionario de Corrupción en Venezuela. Vol.3

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