sábado, 8 de noviembre de 2014

De Guaicaipuro a Robert Serra

 LOS ASESINATOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

 

Por: Ernesto J. Navarro

Tomado de la Revista "Epale Ccs" #103
02 de noviembre de 2014
Página 11

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EL ASESINATO POLÍTICO EN VENEZUELA HA TENIDO SUS VARIANTES: DESDE UN MAGNICIDIO EN 1950, PASANDO POR EL EXTERMINIO DE LOS LÍDERES DE IZQUIERDA EN LOS 60 Y 70, HASTA LOS ATENTADOS CONTRA REPRESENTANTES DEL CHAVISMO EN LA ACTUALIDAD 
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4 octubre de 1982. Cuerpos de seguridad del Estado se aprontan, se arman como para la guerra. Han organizado durante meses una “operación militar contrainsurgente”. El despliegue no escatimó recursos: 400 efectivos de las Fuerzas Armadas, funcionarios de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y aviones Camberra y Bronco de la Fuerza Aérea. 

Sobre el punto acordado, una zona conocida como Los Changurriales de Morocho Evans, sector cercano a la población de Cantaura, los aviones de combate zumbaron su estertor en un vuelo rasante. No hubo advertencias ni pedidos de rendición. Dejaron caer un racimo de bombas que estremecieron la tierra y el cielo al mismo tiempo. Los estallidos servirían como señal para que un grupo comando de la Disip rodeara la zona y descargara interminables ráfagas de metralla contra los miembros del Frente Américo Silva.

Dispararon a discreción. Algunos heridos por las bombas o los primeros disparos terminarían siendo rematados sin mediar clemencias. Vivíamos el esplendor del puntofijismo y esos eran sus métodos. El saldo: 23 jóvenes caídos a cuenta del gobierno “social cristiano”.

No cabía espacio para el asombro. La actuación militar en Cantaura obedecía a un esquema represivo que Estados Unidos enseñó en su órgano instructor de dictadores: la Escuela de las Américas. Allí, nuestros militares y los de todo el continente aprendieron a operar contra sus pueblos como se si tratase de un ejército enemigo. Para la Casa Blanca, los “gendarmes necesarios” eran parte de su política exterior, destinada a defender lo que consideran “sus intereses”. 



A la carta 
Estamos al inicio de la década de los 60. Recién se instala el gobierno del demócrata John Fitzgerald Kennedy (1960-1963). En su gestión las operaciones de contrainsurgencia dirigen sus estrategias a “minimizar los apoyos sociales que los guerrilleros despertaban en sus zonas de acción”. 

Los ejércitos y las policías de América Latina operaban en los asentamientos campesinos para fomentar rechazo hacia los grupos guerrilleros. “Solo después de aislarlos, los guerrilleros debían sufrir el acoso militar de la contrainsurgencia”, escribió el periodista Domingo Alberto Rangel en un artículo titulado: “Cuando la democracia también mata”.

 Veinte años después asumirá el gobierno del país “más democrático del mundo” Ronald Reagan. Al decir de Facundo Cabral, el actor gobernará una nación donde se “puede ser un mal actor y un mal presidente al mismo tiempo”.

El ex cowboy de las películas desenfunda, esta vez, una nueva receta geoestratégica: “Al foco guerrillero hay que exterminarlo, aun cuando se trate de manifestaciones embrionarias”.

¿Eso qué quiere decir? Domingo Alberto Rangel lo traduciría así: “Una guerrilla que se arraiga o se mantiene, resulta indestructible. Proceder sin contemplaciones en el primer momento ahorrará esfuerzos estériles más tarde”.

Para cuando se produce la cobarde masacre de Cantaura, la política Reagan sobre el exterminio de los focos guerrilleros o enemigos políticos había dejado en el olvido a la de JFK. Y para complacencia de los aduladores, Cantaura resultó el primer escenario donde se aplicó la “receta Reagan”.

Pero este no fue el primero, solo uno más en la larga lista de crímenes políticos cometidos en Venezuela. Unos se equilibran en la balanza de la justicia; otros, como los 400 campesinos asesinados por defender la Ley de Tierras, no tienen medios dónde aparecer ni discurso que los recuerde. Mucho menos acusados, investigados o detenidos. Eso sí, tienen quien los llore. 

Sin culpables 
La mayoría de los crímenes por motivaciones políticas en el país se registran durante el período de la democracia formal o puntofijismo (1959-1999). Fabricio Ojeda, Alberto Lovera y Jorge Rodríguez (padre) son quizá los más conocidos, pero la lista es una letanía.

El actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que son poco más de 3.000 los asesinatos políticos en la Cuarta República.

José Vicente Rangel, por ejemplo, fue elegido diputado al Congreso durante cinco períodos consecutivos. Investigó y denunció los crímenes cometidos como política de Estado. Él era, quizá, una de las pocas voces que cuestionaba la institucionalidad desde el vientre de la bestia. De su experiencia en esos años ha dicho esto:
 “…cuando hice denuncias e investigué los crímenes cometidos por los gobiernos de la IV República, nunca sus voceros las aceptaron, pese a las pruebas contundentes que existían. Miles de casos de desaparecidos, muertos en la tortura, fusilados, siempre los voceros oficialistas los presentaron como consecuencia de luchas internas, venganzas personales o versiones destinadas a perjudicar a los organismos de seguridad. Más de uno se burló de las denuncias que luego resultaron ciertas (…) En fin, toda una historia de infamias que ahora pretenden reeditar los herederos de aquella oscura etapa de nuestra historia republicana”. 

Asesinato político: un objetivo 
La historia de la humanidad está plagada de asesinatos políticos. 

Andrés Antillano, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y especialista en Criminología, nos recuerda que la Primera Guerra Mundial tuvo su origen en un asesinato político, cuando Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, acabó con la vida del archiduque del Imperio Austro-Húngaro en Bosnia.

“Los asesinatos políticos existen desde hace muchísimo tiempo. Ha sido una herramienta para eliminar adversarios, conseguir ventajas políticas determinadas o mandar una señal a grupos específicos o a la sociedad entera”.

 Quizá los más emblemáticos sean los magnicidios, cuando el hecho se comete contra un líder de una nación porque lo puedan considerar oprobioso. Pero no todos son iguales. “No es lo mismo, por ejemplo, el asesinato del dictador Anastasio Somoza a las prácticas paramilitares aplicadas en Colombia y Centroamérica, donde se extermina, indiscriminadamente, a la población civil”. 

¿Quiénes los cometen? 
En el país y en América Latina, a juzgar por los datos históricos, los asesinatos políticos han estado destinados, casi con exclusividad, a los líderes políticos de la izquierda revolucionaria.
Estos asesinatos, en opinión de Andrés Antillano, son cometidos como políticas de exterminio de dirigentes sociales por parte de los grupos de poder, básicamente de derecha, y responden a la estructura social de los que detentan el poder político, las oligarquías. 

Venezuela 2014 
En Venezuela hay episodios que van desde el atentado a Carlos Delgado Chalbaud (único magnicidio registrado en este país) hasta el exterminio de la dirigencia política de izquierda en los años 60.
Ahora bien, el crimen contra el diputado socialista Robert Serra hace que Antillano apunte un cambio dramático en la ejecución de estos actos.

“Creo que hay un cambio de patrón, no solo en Venezuela, y este cambio está asociado directamente al fenómeno del paramilitarismo”.

El asesinato político, en cualquier parte del mundo, siempre mostró un elemento importante y era la reivindicación del hecho. Sobre todo cuando se cometía contra un integrante del statu quo. “Y era importante reivindicar la operación, porque justamente formaba parte de una retórica, de una narrativa, de un discurso político”, señala Andrés Antillano.

Ofreciendo detalles del caso Serra, el presidente Nicolás Maduro expresaba su seguridad de que “el asesinato de nuestro joven mártir” formaba parte de una cadena de eventos similares para llevar al pueblo al límite de su tolerancia y desencadenar lo que, en términos de la inteligencia estadounidense, se llama “pelea de perros”.

Antillano coincide. Es un accionar propio de grupos de la derecha reaccionaria. “Se trata de ejecuciones que no son reivindicadas y que hacen un despliegue de crueldad, de sadismo extremo. Pero a pesar de no ser revindicadas, sí envían un mensaje claro a la población”.

Se utilizan bandas paramilitares con amplia capacidad de logística. No son simples rateros. Con frecuencia, dice, se logra detener a los niveles más bajos de la banda, pero resulta muy difícil llegar a los autores intelectuales. 

Indígenas en la mira 
Vamos más atrás, a 1492. Los españoles que invadieron Venezuela entendieron de inmediato. No dominarían a sus anchas sin antes acabar con la resistencia. El mensaje a los que se oponían debía ser contundente.

Guaicaipuro, gran jefe de los pueblos originarios de nuestro territorio, había cometido un pecado gravísimo a los ojos de Dios, o el rey de España —que, como se creía elegido divino, suponía que eran la misma cosa—: ese pecado fue defenderse.

El cacique dirigió con magistral ingenio a las diferentes tribus aliadas que pusieron el pecho desnudo ante el invasor europeo. Los venció en 1560 cuando los desterró de las minas de oro. Atacó, persiguió hasta Macuto y derrotó a Francisco Fajardo en 1561. Para 1562 Guaicaipuro controlaba el territorio de los pueblos de los Teques y los Caracas, a los que libró del dominio español.

Cinco años le costó al invasor Diego de Losada poder derrotar en una batalla a Guaicaipuro y fundar la ciudad de Caracas. Como diría el historiador Arturo Uslar Pietri, “un día que no conocemos” de 1567.

No obstante esa victoria circunstancial, de Losada entendía que mientras viviera Guaicaipuro, España no dominaría el valle de los Caracas. Así que ordenó su asesinato “a como diera lugar”.

Se cuenta que entre el 3 y el 4 de noviembre de 1568, Guaicaipuro dormía cuando fue emboscado por los españoles. Aun así, los enfrentó con la espada que había obtenido en batalla contra Fajardo.

Contarían los atacantes a sus jefes que el gran cacique les gritaba: “¡Matadme, aquí me tenéis, matadme para que con mi muerte os libréis del temor que siempre os ha causado Guaicaipuro!”.

Y la historia dio una vuelta de tuerca: 446 años más tarde, un día 3, pero de marzo, una emboscada miserable sorprende al cacique yukpa Sabino Romero y a tiros intentan rendir al pueblo indígena que, al igual que sus ancestros, defiende su tierra y sus recursos para vivir.

Los yukpas de la sierra de Perijá no bajaron los brazos nunca y siguieron luchando para recuperar la tierra que les pertenece. En agosto de 2008 el presidente Chávez instó a demarcar las tierras y proteger a la comunidad yukpa. “Espero que yo no tenga que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades a las que he remitido solucionen el problema”.

En el fragor de la lucha advirtió su muerte, dijo que lo perseguían por negarse a callar. Al igual que Guaicaipuro, sabía de su responsabilidad histórica: “A mí me persiguen porque soy muy fuerte. Los otros caciques fuertes ya han muerto. No soy fuerte para pelear a fuerza de plomo sino a fuerza de palabra. Me amenazan los ganaderos y los terratenientes que no quieren irse de nuestro territorio”.

Únicamente a tiros, y muerto, intentaron hacer callar a un símbolo de la resistencia indígena de nuestro país. 

Un robo con granadas 
También es día 3, pero de octubre y de 2013, cerca de la medianoche. La avenida Libertador de Caracas, todos lo saben, es territorio para el desenfreno. 

A esa misma hora un funcionario público sale de su oficina y camina hasta el vehículo que lo llevará a su casa. Ha estado trabajando toda la noche diseñando las estrategias y evaluando los planes. El estacionamiento está cubierto por las mismas sombras que surcan la avenida y que vuelven tímidos a los faros amarillentos del alumbrado público.

En los últimos meses este funcionario ha encabezado una serie de fiscalizaciones a empresas que especulan con los precios y a otras que acaparan los productos más urgentes para las familias. Los grandes empresarios, acostumbrados a no cumplir leyes, lo detestan. Se lo han hecho saber.

Él se mueve sin grandes despliegues, confiado en su instinto y en su deber revolucionario. Esta medianoche, cuando se ha embarcado en el auto y se abre el portón del edificio donde está su oficina, antes de que pueda arrancar un vehículo sedán se cruza en el camino.

Tres hombres descienden del auto. El primero en hacerlo avanza con rapidez hacia la camioneta donde se encuentra el funcionario, que está encendida pero bloqueada. No media palabras. Desenfunda un revólver y descarga sus balas contra el vidrio, apuntando al rostro del tripulante. No hubo gritos de “esto es un asalto” o “dame la cartera”. Los atacantes desconocen que el auto es blindado y por eso los disparos rebotan, manteniendo a salvo a quien lo conduce.

Impotente, el tirador muestra una granada para forzar la salida del funcionario del auto blindado. Iracundo descuida su espalda. De las sombras surge un escolta que neutraliza a quien dispara. El funcionario, con el volante en las manos y el corazón en la garganta, puede reaccionar y acelera el vehículo blindado contra el sedán que bloquea el portón. Los otros dos mercenarios huyen de la escena pero los disparos han alertado a una moto de la policía que patrulla la avenida. Uno de ellos, al verse acorralado, hace estallar la granada que porta en la mano derecha y, a lo kamikaze, se quita la vida antes de ser atrapado.

El tercero, conduciendo el vehículo usado para bloquear la salida del edificio y que fue empujado minutos antes por la camioneta blindada, es interceptado por una comisión de la Guardia Nacional que fue alertada. Se enfrenta. Lo hieren. Es trasladado a un CDI, donde fallece horas más tarde.

El informe policial de las horas siguientes dirá que se trataba de un intento de robo común…

Eduardo Samán, el funcionario, no se traga la versión oficial. 

Con valentía de fiscal 
El explosivo C4 detonado a control remoto y que acabó con la vida del fiscal que investigaba a los autores del golpe de Estado de 2002, Danilo Anderson, abrió un nuevo capítulo en la historia de los asesinatos políticos de esta nación.

En su investigación había tocado a los intocables. Sentó en el banquillo de los interrogados a los llamados “amos del valle”. Los señorones de la oligarquía nacional estaban expuestos… Eso no se lo perdonaron.

Era 18 de noviembre de 2004. Danilo, en Caracas, desandaba su camino a casa y no tuvo tiempo ni de despedirse. Algunos de los investigados huyeron al basurero del mundo: Miami. Desde allá se llaman perseguidos.

Con igual saña actuaron contra el concejal Eliécer Otaiza. Solo en el caso del diputado mártir Robert Serra y su compañera María Herrera aún se está cortando tela… 

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